Las labores investigativas realizadas por el CTI permitieron identificar a los integrantes de la organización, las modalidades usadas para ocultar los estupefacientes y varios inmuebles en la localidad de Kennedy donde serían preparadas las sustancias.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis presuntos integrantes de ‘Los Piscianos’, un grupo delincuencial que estaría involucrado en la preparación y comercialización de drogas sintéticas al menudeo en el suroccidente y norte de Bogotá.
Personal del CTI siguió de cerca el actuar de esta organización, y detectó los roles, contactos y distintas maniobras usadas para mover los estupefacientes. Los investigadores conocieron que las sustancias eran almacenadas, dosificadas y, en algunos casos, fabricadas en viviendas de los barrios Mandalay, Castilla, Santa Catalina, Pio XII, Valladolid, Tintal y Banderas, en la localidad de Kennedy.
Asimismo, obtuvieron comunicaciones telefónicas en las que los señalados articuladores del andamiaje ilegal definían los lugares en los que vendían Tucibi (2cb), LSD, éxtasis y marihuana. La mayoría de estos sitios eran bares, fiestas nocturnas y parques.
Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a ‘Los Piscianos’ ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados son: Carlos Esteban Urrego Jiménez, Yurix Alexander Martínez Vidal, Damián Felipe Florean, Joan Sebastián Romero Molina, Juan Pablo Vargas Vera y Juan Esteban Becerra Vesga.
Cinco de los investigados aceptaron los cargos, mientras que Becerra Vesga los rechazó.
La Fiscalía habla con resultados.
FAGH/CL/JARG/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
