Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial La Terraza, que delinque en Medellín. Los procesados estarían implicados en extorsiones a vendedores ambulantes y transportadores de alimentos de la Comuna 10 de la capital antioqueña.

Se trata de Eduardo Altamirano Cortés, alias Zarco; Steven Arley Alarcón Moreno, alias Duende; Juan Pablo Salcedo González, alias Negro y Daniel Alonso Ríos Acevedo, alias Dany.

El GDO La Terraza tiene injerencia en los sectores  San Benito, Avenida Ferrocarril, Minorista, Barrio Triste y  El Raudal de la Comuna 10 de Medellín, que se dedica al tráfico de estupefacientes, extorsiones y desplazamientos forzados, entre otros delitos.

La Fiscalía determinó que la estructura delincuencial exigía a sus víctimas distintos montos, dependiendo de la actividad. En caso de no pagar, los trabajadores y comerciantes eran amenazados de muerte.

Uno de los casos documentados por la Fiscalía ocurrió el pasado 7 de marzo en el sector de San Benito en Medellín donde el conductor de un camión que transportaba bebidas gaseosas; además de sus dos ayudantes, fueron retenidos por hombres armados, quienes les manifestaron que la empresa para la que trabajaban no había cumplido con los pagos exigidos por cual debía retenerles el vehículo.

Según sus responsabilidades individuales, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión; todos agravados. Ninguno aceptó los cargos en su contra.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.