El fiscal 60 de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública apeló la decisión del Juez 45 de conocimiento, quien negó el preacuerdo alcanzado con los cuatro integrantes de la familia Dávila Fernández de Soto, procesados por las irregularidades detectadas en el otorgamiento de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El fiscal a cargo del caso afirmó que no comparte los señalamientos del Juez 45, pues en ningún momento el preacuerdo suscrito entre las partes desprestigia la recta administración de justicia.
Al referirse a la pena a imponer de 20 y 22 meses, indicó que la tasación punitiva está acorde con la ley, ya que en este caso solo se aplicaron atenuantes y el subrogado se acoge a los parámetros vigentes y a las directivas impartidas por la Fiscalía General de la Nación.
El funcionario judicial descartó que se hubiera incurrido en una vulneración de la legalidad y subrayó que el preacuerdo se fundamentó en lo contemplado por el Código Penal.
PREACUERDO
El 30 de noviembre de 2010 la Fiscalía presentó ante el Juez 45, con funciones de conocimiento, el preacuerdo que contempla pena de 22 meses para Juan Manuel Dávila Jimeno y para su esposa Maria Clara Fernández de Soto, y de 20 meses para sus hijos Ana María y Juan Manuel Dávila Fernández de Soto .
Dicho preacuerdo también prevé la imposición de una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para Dávila Jimeno y de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para su esposa y sus dos hijos.
A su turno, los procesados reintegraron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2 mil 415 millones 052mil pesos, con intereses, aceptaron ser testigos de cargo de la Fiscalía, y reconocieron su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, por lo que podrían recibir suspensión de ejecución de la pena.
El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía será resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
