Los activos habrían sido adquiridos con dineros producto de múltiples actividades ilegales como narcotráfico y secuestros.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional permitió ocupar con fines de extinción de dominio 10 inmuebles rurales y 3 urbanos, 1 establecimiento de comercio y 2.153 reses, que pertenecerían a Géner García Molina, alias Jhon 40; y a las disidencias de las Farc que delinquen en el oriente del país.
Las diligencias se realizaron en Orocué (Casanare); Cimitarra (Santander); Tenjo y Suesca (Cundinamarca), Chinchiná (Caldas); Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras (Meta).
En la investigación quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta.
De esta manera, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encargará de su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/AM/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
