Las propiedades superarían en valor los 17.000 millones de pesos.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Sijin del Departamento de Policía de Antioquia, ocupó con fines de extinción de dominio 30 bienes que habrían sido dispuestos para el acopio y venta ilegal de chance y lotería.
Se trata de 14 inmuebles, entre rurales y urbanos; 15 vehículos y 1 establecimiento de comercio ubicados en Andes, Betania, Medellín, Envigado, Caucasia y San Jerónimo (Antioquia). Las propiedades, avaluadas en 17.000 millones de pesos, pertenecerían a los grupos delincuenciales ‘Los Boleteros’ y ‘Los Chanceros’.
De acuerdo con los elementos de prueba, estas dos organizaciones, entre 2018 y 2022, se habrían valido de personas en condición de vulnerabilidad para comercializar ilícitamente juegos de suerte y azar en varios municipios de Antioquia. Por esta actividad ilegal, al parecer, obtuvieron ganancias ilegales que ascendieron a 317.000 millones de pesos.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Estas acciones se cumplieron en desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio de los grupos narcotraficantes, la delincuencia y la criminalidad organizada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/MMCR/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
