Los activos ascenderían en valor a 1.500 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre seis bienes ubicados en Neiva (Huila), los cuales habrían estado al servicio de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad.
Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representados en tres inmuebles y tres bares. Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas controladas y vigiladas en estos inmuebles y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde serían obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores.
Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva. Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales.
Por estos hechos, son procesadas varias personas como supuestos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.
Esta actividad judicial es posible gracias al trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la SIJIN de la Policía Nacional. Los bienes, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/ML/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
