21 presuntos integrantes de esta red ilegal fueron judicializados y asegurados en centro carcelario, entre ellos el señalado cabecilla y seis articuladores de las actividades delictivas.
Un juez penal de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 18 hombres y 3 mujeresque harían parte del grupo delincuencial ‘La Veracruz’, señalado de cobrar extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población LGTBIQ+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de Medellín (Antioquia).
Un fiscal Gaula de la Seccional Medellín imputó a estas personas, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir, extorsión -consumada y en de tentativa- y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que los hoy procesados estarían implicados en la venta de estupefacientes al menudeo y en la imposición de cuotas de dinero a sus víctimas, las cuales oscilaban entre 10.000 y 100.000 pesos semanales, para permitirles ejercer sus oficios y actividades económicas en los sectores La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito, ubicados en el centro de la ciudad.
En ese sentido, Fred Alexander Molina Álvarez, el presunto cabecilla de la red ilegal, sería el encargado de identificar los objetivos de las extorsiones y de articular todo lo relacionado con la comercialización de las sustancias ilícitas. Adicionalmente, contaba con seis coordinadores de zona, también judicializados. Ellos son: Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado; Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado; Jader Arley Toro Posada, alias Monito; Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa; José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro y Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
A los demás presuntos integrantes del grupo ilegal se les atribuye las presiones a los comerciantes, trabajadoras sexuales y otras víctimas para que cumplieran con los pagos exigidos. En algunas oportunidades las golpeaban o arrebataban las pertenencias para aumentar el nivel de intimidación.
En uno de los eventos delictivos conocidos en la investigación, un comerciante del sector San Benito alcanzó a pagar cerca de 25 millones de pesos. Finalmente, en mayo de este año, 14 hombres ingresaron a la fuerza a su establecimiento y lo amenazaron de muerte para que les entregara el producido del día y otros bienes.
NAMT/LMFO/JARG//GAV/DSM/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
