La organización se habría apropiado de 850 millones de pesos de las víctimas que eran contactadas para ofrecerles inmuebles y terrenos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de cinco presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en la estafa a población víctima del conflicto armado y madres cabeza de hogar, con la supuesta venta de bienes administrados por el Estado en varios municipios de Valle del Cauca.
Se trata de Álvaro José Correa Jaramillo, Gerardo Antonio Carvajal, José Eliécer Torres Camilo, Julio César González Ruíz y Andrés Felipe Herrera Jiménez, a quienes un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
De acuerdo la investigación, estas personas se habrían concertado para vender ilegalmente casas, apartamentos, fincas, terrenos para proyectos productivos, entre otros bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para esto utilizaban documentos falsos como escrituras públicas, cartas catastrales, planos topográficos, promesas de venta, certificados de tradición y contratos de corretaje.
El material probatorio da cuenta de que contactaban a las víctimas, entre las que también se encontraban fundaciones sin ánimo de lucro y las atraían con supuestas visitas a los lugares para establecer los precios de los inmuebles. Asimismo, recaudaban dinero bajo la fachada de aportes voluntarios que serían utilizados para financiar la papelería, escrituras, contratos, y autenticaciones notariales, que acompañarían la compra.
Estas actividades ilegales se estarían adelantando en inmuebles de Jamundí, Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. Los procesados se habrían apropiado de 850 millones de pesos, en 16 eventos ocurridos entre junio de 2020 y enero de 2024.
Correa Jaramillo, sería el presunto cabecilla del grupo y articulador de las actividades ilícitas, Carvajal en su calidad de abogado se encargaría de tramitar los contratos de compra/venta y contactar a las víctimas.
Por su parte, Torres Camilo, era la persona, que al parecer, conseguía los planos topográficos de los bienes y González Ruíz, sería quien recaudaba los dineros y firmaba los supuestos contratos de compra/venta.
Cuatro de los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional a viviendas en Cali (Valle del Cauca).
Por su parte, Herrera Jiménez fue notificado en un centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.
Durante los operativos judiciales fueron incautados dos computadores, una tablet, tres memorias USB, nueve celulares, cinco agendas y cinco carpetas con documentos como cartas catastrales, certificados de tradición, promesas de venta, y documentación con logos de la entidad de Estado.
En las audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías tres de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Por su parte, Gerardo Antonio Carvajal y Julio César González Ruíz en lugar de residencia.
JGPV/AMCJ/MIZB/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
