Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024. Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias. De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
