La Fiscalía General de la Nación llevó a juicio a la alcaldesa local de Suba, Marisol Perilla Gómez, por presuntas irregularidades en contratos firmados entre los años 2012 y 2015, por cuantía superior a los 2400 millones de pesos.

El ente acusador, durante el inicio del juicio en su contra, le precisó a la imputada que deberá responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso heterogéneo y sucesivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía inició el procedimiento de descubrimiento probatorio y mostró las evidencias físicas y documentos para corroborar su teoría del caso.

“Se probará que la alcaldesa Perilla Gómez ha contratado entre los años 2012 y 2015 con los Fondos Locales de Desarrollo, de una manera presuntamente irregular”, sostuvo el fiscal delegado en este proceso.

En el caso de la mandataria local Perilla Gómez se han encontrado evidencias de la suscripción de contratos sin las exigencias que obliga la ley, y además se investigan otras denuncias que podrían ser objeto de juicio en otros procesos penales.

“En Bogotá, en varias de las localidades se han suscrito irregularmente contratos por más de 440 mil millones con fundamento en el artículo 355 de la Carta Política y sus decretos reglamentarios 777 y 1403 de 1992”, agregó el fiscal del caso.

“Con este dinero se pudieron construir cerca de 40 escuelas en la capital, es decir dos por cada una de las 20 localidades”, afirmó el funcionario.

La Fiscalía sostuvo que de acuerdo con los cálculos efectuados por la Secretaría de Educación del Distrito, con una inversión de 10 mil millones pesos se hubiera dotado de insumos de última tecnología aulas cómodas con profesores especializados.

“Eso da la idea de la magnitud de la actividad aparentemente criminal que se ha generado en la capital y que se investiga con todas las herramientas judiciales por parte del ente acusador”, enfatizó el fiscal.

En esta investigación se pretende comprobar que la mandataria dispuso de recursos públicos contratando a su conveniencia y alegando una supuesta idoneidad y respaldo de la ley de contratación estatal.

Agregó que “en la mayoría de los casos se hizo sin los requisitos legales porque la mayor parte de las llamadas fundaciones,  no poseen infraestructura, ni sede propia, programas propios y más agrave aun, no poseen si quiera personal de planta, lo que quiere decir que se está tercerizando la contratación a las mal llamadas fundaciones sin ánimo de lucro”.

Finalmente, concluyó “que los recursos del estado son sagrados en cualquier país del mundo y en Colombia para que se realicen contratos de prestación de servicios,  de suministro  y consultoría, entre otros, que deberían ser celebrados de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las normas complementarias”.

CMR/DLBM