Crear una supraunidad especializada en reconstruir los contextos históricos de los casos de violaciones de derechos humanos, cuyo aporte a las investigaciones garantice la no repetición, es el compromiso adquirido por la Fiscalía General durante la reunión de la Mesa Nacional de Garantías con ONG celebrada este miércoles en el auditorio del Nivel Central.
Al encuentro presidido por el jefe del ente acusador, Eduardo Montealegre Lynett, asistieron también los ministros del Interior, Federico Rengifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, la Directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada; la procuradora delegada para los Derechos Humanos, Paula Andrea Ramírez; el delegado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Tood Howland; el asesor de la Mapp de la OEA, Baltazar Garzón, y representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales.
El fiscal Montealegre Lynett informó que se han expedido directivas a las seccionales de la entidad para que adopten los protocolos de investigación en aquellos procesos que tienen como objetivo la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos víctimas de delitos.
Señaló el alto funcionario que se está preparando un proyecto para establecer las directivas de priorización de las investigaciones, “a partir de esa priorización debe producirse en la entidad un replanteamiento administrativo que modifique sustancialmente las formas de investigación y las estructuras administrativas de la entidad, para responder a una nueva política de investigación en materia criminal”, explicó.
Montealegre Lynett advirtió que la Fiscalía insistirá en el abandono de las categorías tradicionales de investigación, de acusación y de juzgamiento de la criminalidad individual frente a las graves violaciones a los derechos humanos, y añadió que para la Fiscalía esas categorías tradicionales, no solamente en materia procesal, deben diferenciarse cuando se trata de graves violaciones de los derechos humanos.
Al referirse al derecho de las víctimas en el proceso penal, el Fiscal General sostuvo que si se pretende entender el sistema acusatorio como un proceso de diálogo entre partes, tal entendimiento es corto “ si no se involucra la participación de la víctima”.
Por su parte, los voceros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos sostuvieron que en varias regiones persisten la criminalización y la persecución a los defensores de los derechos fundamentales; tal situación, a su juicio, es más evidente con ocasión del conflicto armado.
Al hacer uso de la palabra el ministro del Interior, Federico Rengifo Vélez, reiteró el respaldo del Gobierno Nacional tanto al proceso de interlocución con las organizaciones defensoras de derechos humanos como a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por violaciones a tales derechos.
