El contrato ascendió a 2.350 millones de pesos y fue ejecutado en la vereda Vanguardia de Villavicencio (Meta).

La Fiscalía General de la Nación acusó al exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta (EDESA), Orlando Guzmán Virgüez; al representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otalora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación y ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio.

El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.

El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados, como integrantes de comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada.

Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes.

No acatar las indicaciones, supuestamente, generó que la estructura sufriera graves daños con ocasión de un derrumbe ocurrido en 2016. Es así como se firmó un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por $171’000.000.

La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento.

Adicionalmente, se conoció que las familias a beneficiar recibieron agua potable en 2018, mucho después del tiempo esperado.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente al exgerente de EDESA y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

LAGP/JARG/EAC/MRC/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.