La Fiscalía General de la Nación corrió traslado del escrito de acusación en contra de Miguel Ángel Barona Orozco, como presunto implicado en hurto a la residencia del Alcalde de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

En la fotografía se aprecia a Miguel Ángel Barona Orozco de pie, con los brazos atrás. Viste camiseta de manga corta y pantalón negro; zapatillas blancas. A lado y lado de él hay uniformados de la Policía Nacional. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Policía.
Miguel Ángel Barona Orozco fue privado de la libertad como presunto responsable de hurto a la residencia del Alcalde de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 22 de abril, en una vivienda ubicada en el barrio El Albergue, de esa localidad, donde reside el mandatario y a donde habría ingresado el hoy imputado por una ventana para apoderarse de elementos de valor como relojes y dinero en efectivo.

Las labores de policía judicial adelantadas por personal de la Sijin Deval, permitieron la plena identidad del presunto implicado por lo que un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, solicitó orden de captura en su contra, la cual fue materializada el pasado 28 de noviembre en esa localidad.

En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos a Barona Orozco por el delito de hurto calificado y agravado. El juez, por su parte, decidió que éste debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.