La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al magistrado Cristian Eduardo Pinzón Ortiz, quien hace parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura Meta, por presuntas actuaciones irregulares que favorecieron a dos jueces investigados disciplinariamente.
De acuerdo con el material probatorio, estaría involucrado en cuatro eventos de prevaricato por acción y uno relacionado con prevaricato por omisión, ocurridos entre 2015 y 2016.
La Fiscalía constató que, en tres decisiones distintas, el servidor judicial habría archivado o absuelto disciplinariamente al juez Segundo de Ejecución de Penas de Villavicencio, Ronald Floriano Escobar, quien otorgó de manera ilícita subrogados o sustitutivos de la pena a varios integrantes de estructuras criminales condenados. Uno de los beneficiados fue Hernando Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, cabecilla de la organización ilegal ‘La Oficina’, al que le concedió prisión domiciliaria.
Los otros dos hechos que se le atribuyen al señor Pinzón Ortiz están relacionados con una queja interpuesta contra la juez promiscua Municipal de San José del Guaviare, Martha Patricia Espinel Forero. La funcionaria, al parecer, resolvió varios asuntos judiciales cuando estaba en curso una suspensión de tres meses en su contra.
Las evidencias obtenidas indican que el magistrado, inicialmente, se abstuvo de proferir cargos contra la juez y archivó el proceso. Esta determinación fue revocada por el Consejo Superior de la Judicatura que ordenó seguir adelante con la investigación e imponer la sanción respectiva; sin embargo, el servidor judicial habría dilatado la decisión para que prescribiera.
Las audiencias preparatorias de juicio comenzarán en la fecha que disponga la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/LACF/MCRC.
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
