La Fiscalía 98 Seccional de Cali profirió resolución de acusación en contra de 23 personas, como presuntas responsable de los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de una investigación que se adelanta bajo la Ley 600.

Esta decisión se relaciona con las irregularidades halladas en la adjudicación de becas por 5 mil millones de pesos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), entre los años 2004 y 2005.

Al parecer, fueron entregados los auxilios educativos de manera irregular a trabajadores que no tenían derecho a recibirlos, que no cumplían los requisitos exigidos, o eran asignados por un mayor valor al que en realidad tenían derecho.

De acuerdo con la investigación, dichas becas fueron autorizadas o adjudicadas por Andrés Fernando Bernal Ferrín en su calidad de analista administrativo de la Gerencia  Administrativa de “EMCALI EICE ESP”, quien habría perseguido un lucro personal así como para otros funcionarios de la entidad, dando pie a la apertura de averiguaciones de auditoría y de tipo disciplinario en contra de los involucrados.

Entre las irregularidades, la Fiscalía encontró que no se llevó un control adecuado de las solicitudes de beneficio educativo, tampoco del número de auxilios que recibía cada funcionario, no se diligenciaron formatos de solicitud, se autorizaron desembolsos sin cumplir con los requisitos de ley, así como más de cuatro desembolsos al año por beneficiario, inclusive en un mismo semestre, y el control y seguimiento solo estuvo a cargo de Andrés Bernal Ferrín.

Contra Bernal Ferrín y otras 13 personas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó, en segunda instancia, la condena de entre 6 y 13 años de prisión y el pago de multas por 50 salarios mínimos legales vigentes. Las 14 personas fueron vinculadas al proceso en tres grupos: funcionarios pertenecientes al Departamento de Talento Humano, funcionarios del Comité de Becas y Bienes Laborales, y empleados de nómina.

La Fiscalía halló 81 solicitudes pagadas sin evidencia de haber presentado el promedio de estudio, requisito indispensable para definir el valor de la beca; también 46 desembolsos autorizados por encima del valor que de acuerdo con el rendimiento académico debía haberse reconocido; y cuatro beneficiarios con más de 25 años, edad límite para recibir el beneficio.

Asimismo, se hallaron 19 desembolsos a estudiantes que no cumplían con los requisitos, tal como se demostró con las certificaciones expedidas por los centros universitarios.

En una tercera fase del proceso, la Fiscalía vinculará a otras 270 personas, presuntos beneficiarios de los auxilios educativos.

JGPV/DLBM