Se trata de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quien habría participado en acciones previas y posteriores al crimen, como vender uno de los celulares con los que se coordinó el hecho.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a William Fernando González Cruz, alias El Hermano, uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Este hombre es señalado de asistir a reuniones de planeación, junto Elder José Arteaga, alias Chipi. Asimismo, el día del ataque armado, se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió la acción delincuencial, y ayudado a escapar a otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe.
De igual manera, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades.
González Cruz responderá en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por este hecho, la Fiscalía ha vinculado a esta investigación a 9 personas entre ellas a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, presunto intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
