Édgar Enrique Martínez Romero, en su condición de mandatario departamental y responsable de la contratación, habría permitido que avanzara un proceso contractual sin planeación y en medio de múltiples irregularidades que representaron ampliación en el tiempo de ejecución y mayor desembolso de recursos públicos.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, como presunto responsable de las irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 5 de junio de 2017, por un valor inicial de 18.983 millones de pesos, que tenía por objeto brindar complemento alimenticio a los estudiantes menores de edad matriculados en los colegios de los 25 municipios del departamento.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exmandatario habría permitido que el proceso contractual avanzara en medio de múltiples anomalías como ausencia de estudios previos serios, inconsistencias en el pliego de condiciones de la licitación y valoración sesgada por parte del comité de evaluador para favorecer a un oferente específico que no cumplía los requisitos.

Finalmente, el contrato fue celebrado sin tener en cuenta las fallas presentadas en la fase de planeación. Esto generó ampliación del tiempo de ejecución de 104 a 146 días y aumento del presupuesto por concepto de administración, vinculación de personal de apoyo e interventoría. En ese sentido, el costo total del contrato ascendió a 27.387 millones de pesos.

Adicionalmente, se estableció que el contrato fue liquidado en marzo de 2018, sin las firmas del supervisor y del entonces gobernador.

Por todo lo anterior, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exmandatario Martínez Romero por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Esta información se publica por razones de interés general.     

 

 

 

 

LAGP/JARG/GFSV/UFDCSJ.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.