Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra de cinco ex funcionarios del DAS, quienes entre 2004 y 2005 incurrieron, presuntamente, en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

Los cobijados con la decisión judicial son: Gian Carlo Auque de Silvestri, ex director General de Inteligencia; Eduardo Aya Castro, ex funcionario de operaciones de la Dirección General de Inteligencia; Rodolfo Medina Alemán, ex subdirector de Contrainteligencia; Mario Orlando Ortiz Mena, ex integrante del grupo especial de inteligencia G-3; Ignacio Moreno Tamayo, exjefe de la Subdirección de Fuentes Humanas.

De acuerdo con lo establecido los hoy acusados por medio del G-3, grupo de inteligencia, supuestamente organizaron, dirigieron y promovieron de forma permanente la realización de esos delitos en contra de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, de políticos, y de periodistas de oposición.

Así mismo, según la providencia de la fiscal instructora, los ahora procesados cometieron, presumiblemente, en calidad de coautores impropios interceptación ilícita de comunicaciones telefónicas, móviles y electrónicas de las víctimas, para lo que emplearon equipos del DAS, e igualmente efectuaron seguimientos arbitrarios en el año 2004.

De los acusados faltan por capturar Rodolfo Medina Alemán y Eduardo Aya Castro, las otras personas están privadas de la libertad en la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS, Aquimindia.

OTRAS DECISIONES

Igualmente, la fiscal del caso al referirse a una carpeta, la AZ 57, documento que hace parte del proceso decidió lo siguiente: “De otro lado, como en la AZ 57 aparecen varias referencias al Presidente y el Gobierno, algunas de ellas con la anotación “Presidente Uribe” se ordena remitir copias de la presente resolución y de la aludida AZ con destino a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a efectos de la investigación pertinente.”

La funcionaria judicial también ordenó compulsar copias a la Unidad Nacional Anticorrupción de los cuadernos anexos correspondientes a los gastos reservados de 2004 y 2005, “para que se investigue la eventual comisión de delitos contra la administración pública.”