Para acompañar la jornada de este domingo se dispuso de un equipo humano de 263 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y 22 fiscales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico, implementará un dispositivo especial de atención y reacción inmediata con ocasión de la jornada electoral prevista para el próximo domingo 8 de marzo en el departamento.
La medida se adopta en cumplimiento de la estrategia dispuesta por la entidad a nivel nacional, para la investigación y judicialización de los delitos que puedan cometerse con ocasión de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
“El plan contempla fiscales habilitados para actuar de inmediato ante cualquier hecho que afecte el proceso electoral, así como funcionarios del CTI en municipios priorizados para atender posibles delitos y garantizar su oportuna judicialización”, indicó el director de la
Seccional Atlántico, Daniel Gómez Acuña.
Para acompañar la jornada de este domingo se dispuso de un equipo humano de 263 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y 22 fiscales que atenderán las
situaciones que se presenten en el territorio.
La estrategia incluye la identificación de zonas de mayor riesgo electoral, la designación de fiscales enlace con disponibilidad exclusiva durante la jornada y la activación inmediata de actos urgentes frente a cualquier reporte de irregularidad.
La cobertura institucional comprende a Barranquilla y su área metropolitana, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; así como los municipios de Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí y Repelón.
SKCR/AMCJ/DGA/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
