La Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal por presuntas anomalías en el cobro, facturación y recaudo de la segunda fase de la contribución por beneficio local en la ciudad de Bogotá.
De acuerdo con la denuncia presentada por una organización no gubernamental (ONG), se registran irregularidades en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en los procedimientos para los cálculos de las tarifas de los cobros.
La Fiscalía designó de manera especial mediante la Resolución 0-0915 del 19 de marzo de 2013 a un fiscal delegado ante los jueces penales del distrito de Bogotá, adscrito ante la Unidad Nacional Anticorrupción de esta institución.
De acuerdo con la decisión, se trata de establecer los presuntos hechos punibles que sean constitutivos de corrupción administrativa y que afecten la moralidad en la función pública.
