La víctima fue cortada con una navaja, marcada en el cuerpo con las letras AUC y quemada con un cigarrillo.
La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, vinculó formalmente a una investigación al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, como presunto responsable de la tortura y abuso sexual contra una joven, a quien le marcaron en el cuerpo las iniciales AUC.
El caso ocurrió en el barrio Bello, en el oriente de Medellín (Antioquia), el 26 de noviembre de 2002. Integrantes del entonces Bloque Cacique Nutibara de las extintos grupos de autodefensa interceptaron a la víctima, que camina rumbo al colegio. Al parecer, la llevaron a un inmueble, le vendaron los ojos, la sometieron a tratos crueles y degradantes, y la agredieron sexualmente.
El material de prueba da cuenta de que la víctima fue quemada con un cigarrillo y recibió varios cortes con un navaja, entre estos, los que le dejaron en la piel las letras AUC. Finalmente, la dejaron ir en medio de amenazas en contra de su familia.
Para la Fiscalía, alias Don Berna, supuestamente, ejerció control pleno sobre el Bloque Cacique Nutibara y los hombres a su cargo solo actuaban de acuerdo con los lineamientos que él fijaba. En ese sentido, en su condición de cabecilla de esa estructura ilegal, fue vinculado mediante diligencia de indagatoria por los delitos de tortura en persona protegida y acceso carnal violento en persona protegida.
El proceso se sigue de acuerdo con los lineamientos de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/DJR/DEVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
