94 personas han sido vinculadas y 17 sentencias condenatorias se han obtenido desde febrero de 2020.
La Fiscalía General de la Nación priorizó las acciones investigativas contra la corrupción. En ese sentido, se establecieron estrategias focalizadas en los territorios para poner en evidencia a quienes se apropian o destinan equivocadamente los recursos públicos.
El trabajo realizado hasta el momento en Atlántico ha permitido imputar a 94 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción, desde febrero de 2020.
Adicionalmente, en algo más de 33 meses se realizaron 39 acusaciones contra exalcaldes, exconcejales, contratistas, particulares y funcionarios, entre ellos servidores judiciales e integrantes de la fuerza pública.
De otra parte, 144 procesos avanzan en etapa de juicio por diferentes delitos y se han obtenido 17 condenas por el ofrecimiento y entrega de dádivas a funcionarios, la apropiación de dineros públicos en beneficio propio o de terceros, la expedición de actos administrativos contrarios a la ley o direccionar los contratos de obras y servicios para favorecer a conocidos, amigos o empresas que no cumplen los parámetros normativos.
“No importa la condición que se tenga, no existe excusa para poner en riesgo o despilfarrar o robarse los recursos que deben ser destinados a garantizar las condiciones de vida de la ciudadanía. No hay derecho que la gente pague sus impuestos y otros se los roben”, enfatizó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/DAC/DST/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
