En una primera fase de la investigación, la Fiscalía evidenció que se habría apropiado de manera ilícita de más de 240 millones de pesos.
El actuar ilegal de un hombre que se habría hecho pasar como un asesor bancario en Ibagué (Tolima) para engañar a usuarios financieros con supuestas facilidades para el acceso a créditos por altas sumas de dinero llegó a su fin.
Se trata de Héctor Javier Martínez Mendoza, quienpresuntamente engañó a varios ciudadanos indicándoles que debían aumentar su puntaje crediticio mediante la adquisición de bienes como celulares, televisores, y el uso de tarjetas crédito y débito. Posteriormente, les indicó que los objetos adquiridos debían entregárselos para supuestamente realizar los movimientos financieros, lo que les permitiría finalmente acceder al crédito requerido.
Los elementos materiales probatorios indican que se apoderó de manera ilegal de más de 240 millones de pesos en año y medio, con el supuesto de que aumentaría la viabilidad económica de los usuarios para que pudieran acceder a vivienda, vehículo nuevo o emprender un negocio.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no fueron aceptados.
A Martínez Mendoza un juez penal de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en el entendido de que se encuentra privado de la libertad por otros hechos delictivos en los que estaría involucrado.
Las investigaciones continúan para establecer si dejó personas afectadas en Bogotá y otras ciudades del país.
WAGG/AMCJ/JARG/CLAT/AR/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
