Por exigir dinero para la devolución de una motocicleta, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento para Michael Mauricio Molina Esguerra y Jeison Stic Garzón Abella, por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión y prevaricato por acción.
Los hechos investigados ocurrieron el 12 de julio de 2013, durante un retén en el que dos jóvenes fueron requeridos para realizar una inspección de rutina. Durante la misma los patrulleros les hallaron una bolsa con marihuana. A pesar de ello, les exigieron $1 000 000 y no los judicializaron.
A los jóvenes les advirtieron que el dinero era para devolverles el vehículo y no perjudicarlos ya que, supuestamente, afrontarían una pena mínima de tres años en prisión. El conductor de la motocicleta les ofreció $50 000, pero los patrulleros no aceptaron y acordaron una cita en horas de la noche en un establecimiento público, donde les hicieron entrega de la moto, al parecer, con la complicidad del dueño del establecimiento público.
Durante las audiencias concentradas, Michael Mauricio Molina pidió perdón a las víctimas, a la Policía Nacional y a la sociedad y se allanó a los cargos. Además, antes de la audiencia se había comprometido a renunciar a la Institución castrense, puesto que la Fiscalía estableció que estaría tramitando un traslado a otra ciudad. Bajo esos argumentos de la defensa, el juez le concedió una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Jeison Stic Garzón, patrullero que se encontraba de vacaciones, no se allanó a los cargos y el juzgador le impuso medida de aseguramiento, de detención en su lugar de residencia.
EPP/DLBM
