También se le atribuye el ofrecimiento de dinero a otros involucrados en el entramado de corrupción para que no lo mencionaran ni vincularan en sus declaraciones ante la Fiscalía.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá impartió legalidad al preacuerdo suscrito con el exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva, involucrado en el direccionamiento de contratos en la entidad y en otras actuaciones ilícitas para evitar que fuera vinculado a la investigación por el entramado de corrupción.
En virtud de la negociación judicial, el exfuncionario aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en la actuación penal; y reintegró 100 millones de pesos con garantía de restituir 50 millones de pesos más representados en un bien inmueble. Estos dineros corresponden al dinero que recibió por planear, organizar y orientar hacía un contratista específico la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Adicionalmente, a través de un abogado, ofreció 3.000 millones de pesos o el 5% del valor de un contrato a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y señaló que podía entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López, exsubdirector y director de la UNGRD, respectivamente, para que se retractaran ante la Fiscalía de las declaraciones hechas en su contra y que lo comprometían penalmente.
Por todo lo anterior, y en atención a los términos del preacuerdo, Barreto Gantiva recibirá una pena de 4 años, 9 meses y 15 días de prisión.
La decisión emitida por la juez de conocimiento fue objeto de apelación por parte de los defensores de dos de las víctimas reconocidas.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MCPG/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
