Entre las irregularidades se detectó que a algunos hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil a los que les llegó el filtro, ya contaban con este elemento, por lo que no se hacía necesario.
Por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de Jesús Alberto Manios Urbano, exalcalde de Natagaima (Tolima).
Labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito al Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima, llevaron a determinar que el mandatario cometió al parecer una serie de irregularidades en la contratación de una empresa para la adquisición de 20 filtros de agua destinados a hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil del casco urbano de la localidad.
El contrato de compraventa número 220 se suscribió el 4 de agosto de 2018, entre la Administración Municipal y la empresa Rena Ware de Colombia S.A.S.
El costo total fue por $45.000.000 con anticipo del 40% ($18.000.000), y el saldo por ($27.000.000) que se cancelaría cuando fueran entregados los bienes.
Se determinó que el investigado pudo haber adquirido elementos de menor precio, sin afectar la calidad del producto para así cumplir con los fines requeridos. Además, que no precisó cuál era la verdadera necesidad de entregarle a los centros infantiles estos elementos.
Sumado a ello no hubo convocatoria pública para garantizar la participación de oferentes, violándose así el principio de transparencia.
La Fiscalía habla con resultados.
DST/PAAM/CFG/CSL
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.