Por irregularidades en la ejecución de un contrato de prestación de servicios por 20 millones 790 mil pesos, dos ex funcionarios del área de salud del municipio de Salento (Quindío) y un particular suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Las personas que preacordaron son: César Augusto Tabares Velásquez, ex gerente del Hospital San Vicente de Paul de Salento; Dolly Maritza Mosquera Buitrago, ex Secretaria de Servicios Sociales del municipio, y Carlos Felipe Araque Rueda, ex contratista del municipio.
Los hechos materia de investigación se relacionan con la contratación de una bacterióloga para el centro asistencial, que además de atender el área respectiva debía suministrar los equipos e insumos necesarios para la toma de muestras.
El fiscal del caso determinó que el mencionado contrato nunca se firmó pero el Hospital sí giró un poco más de 18 millones de pesos que fueron cobrados por terceras personas.
La firma del preacuerdo se realizó días después de que la Fiscalía le imputará cargos a los tres procesados y de que los mismos reintegraran el dinero apropiado. En los próximos días, un Juez de Conocimiento decidirá si acepta el preacuerdo suscrito.
