Como parte de esta iniciativa, en las últimas horas fue imputado un hombre que habría ordenado el homicidio de un comerciante en esta zona del país.
Como parte de las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para resolver los casos de amenazas presentadas contra jueces, funcionarios públicos y abogados, así como los sucesos de violencia registrados en Tuluá (Valle del Cauca) se ha logrado la judicialización de 40 personas que estarían involucradas en estos hechos delincuenciales.
La mayoría de los procesados son presuntos integrantes de estructuras criminales, con injerencia delictiva en este municipio. De estas, 12 fueron judicializadas por homicidio, 26 por concierto para delinquir y 2 por amenazas a un juez y un fiscal.
La estrategia ante la ola de violencia presentada en esta zona del país, incluyó cinco líneas de acción: homicidio y tentativa de homicidio doloso; hechos de terrorismo urbano y conductas asociadas; amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; lavado de activos y extinción del derecho de dominio; y delitos contra la administración pública.
La implementación de acciones investigativas ha permitido una reducción notable en los homicidios. En lo corrido de diciembre no se ha presentado ningún caso y en octubre pasado 5 hechos.
Por su parte, en materia de finanzas criminales, se declaró extinción de dominio sobre 5 bienes inmuebles, 3 vehículos y 2 títulos valores, avaluados en aproximadamente 2.000 millones de pesos, pertenecientes a una organización criminal dedicada a la extorsión, el homicidio y el microtráfico en Tuluá.
Esta iniciativa se adelanta de manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Nivel Central y de la Seccional Valle del Cauca, la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio; además de la Sijín, Dijín, Sipol y el Gaula de la Policía Nacional.
Resultados de la estrategia
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, por presuntamente haber ordenado el homicidio de Diego Fernando Vega Ramírez, dueño de una compraventa de café. Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2014 en Tuluá (Valle del Cauca).
El material probatorio da cuenta que el día de los hechos, la víctima arribó al establecimiento comercial de su propiedad y cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, lo atacaron con arma de fuego en varias oportunidades. Vega Ramírez, fue trasladado a un centro asistencial pero llegó al lugar sin signos vitales.
Una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos le imputó el delito de homicidio agravado y acogiendo la solicitud del ente investigador un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Tobar Gutiérrez no aceptó cargos.
Por otros hechos, este hombre presuntamente asociado a una organización criminal, fue judicializado en septiembre pasado por los recientes ataques y amenazas en contra de jueces, funcionarios públicos y abogados en esta zona.
Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que fueron aceptados.
Dentro de esta investigación, también fue judicializada por los mismos delitos, su pareja sentimental Claudia Lorena Moscoso, quien aceptó su responsabilidad en concierto para delinquir.
Esta información se pública por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/MRC/CAM/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
