• Como Vicefiscal General de la Nación, fue designado el actual director de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Hernando Toro Parra.

  • “Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha”, recalcó la Fiscal General encargada.

A partir de este martes 13 de febrero, por mandato legal, Martha Janeth Mancera asumió como Fiscal General de la Nación encargada. Durante su primera intervención ratificó su compromiso con el Estado de derecho, con la aplicación objetiva de la ley y con el cumplimiento de la misión constitucional de investigar, esclarecer y ejercer la acción penal frente a los hechos delictivos en el territorio nacional.

Asimismo, destacó que el trabajo armónico y el diálogo con las demás instituciones, y respeto por las competencias de cada una de las ramas del poder público, serán ejes determinantes para el cumplimiento de los objetivos que le asisten a la Fiscalía General de la Nación.

“El Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 trajo resultados importantísimos a la ciudadanía y deberá seguirse implementando hasta tanto la nueva fiscal titular que designe la honorable Corte Suprema de Justicia fije su nueva hoja de ruta. En ese sentido, la itinerancia, la concentración de actividades investigativas y la articulación seguirán siendo nuestros derroteros institucionales”, aseguró la Fiscal General encargada.

Asimismo, informó que la Vicefiscalía General de la Nación estará a cargo de Hernando Toro Parra, quien se venía desempeñando como director de la Unidad Especial de Investigación (UEI).

“Un profesional del derecho con una hoja de vida intachable, dedicado durante su extensa trayectoria a la promoción y defensa de los derechos humanos, labor en la que lo he acompañado, (…) mediante el trabajo que llevamos a cabo en la Unidad Especial de Investigación, dependencia a la que llegó luego de la terna enviada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)”, enfatizó.

En ese sentido, la Unidad Especial de Investigación (UEI) estará a cargo de Aníbal Arbeláez Betancourt; mientras que la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía será asumida por Yui Ángela Morales Espinosa. Las demás dependencias de la entidad seguirán encabezadas por los mismos directivos.

“Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha”, indicó la Fiscal General encargada al reafirmar su voluntad de servicio.

De igual forma, reiteró el llamado al respeto de la integridad, autonomía e independencia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de designación de la nueva Fiscal General de la Nación.

“Con independencia de quien llegue a ser la Fiscal titular, la recibiremos de manera oportuna y con la mejor disposición en orden a cumplir las labores de empalme que corresponda. Los cargos terminan, las personas pasan, pero las instituciones quedan, estas deben sostenerse y consolidarse”, señaló.

Por último, manifestó que la Fiscalía continuará trabajando de la mano con las víctimas, en defensa de los derechos humanos y priorizando acciones investigativas que atiendan el clamor de justicia de la ciudadanía.

“No bajaremos la guardia en el cumplimiento de las funciones que la Constitución ha encomendado a la Fiscalía, las estrategias investigativas se sostendrán, los delitos priorizados deberán seguirse esclareciendo y el derecho al acceso a la administración de justicia deberá garantizarse. Esta es una Fiscalía que entregará resultado a las comunidades en la calle y en los territorios”, concluyó.

 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.