El procesado habría determinado la entrega de dádivas ilícitas a los entonces presidentes del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación que se sigue por los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exfuncionario, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
En ese sentido, se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas.
Los dineros comprometidos provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
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LAGP/JARG/MCP/UFDCSJ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
