Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estarían involucrados en el direccionamiento irregular de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques y la atención y prevención de emergencias en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha; y otras siete personas que estarían involucradas en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Además del exdirectivo, los otros involucrados son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo
Con relación Manrique Soacha, las evidencias indican que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos
Entre tanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.
Por todo lo anterior, los procesados serán acusados, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MCP/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
