De acuerdo a la investigación, los captores exigían la suma de 1.000 millones de pesos por su liberación.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías de Riohacha (La Guajira), impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Ender Enrique Macareno Mendoza, Jorge Eliecer Solano Vergara y medida restrictiva de la libertad en su residencia a Julio César Pérez Guirnu.
La determinación judicial se tomó por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple y hurto calificado agravado, cargos que no aceptaron.
Los hechos se registraron el 23 de enero del 2022, en zona rural del corregimiento Porciosa, jurisdicción de Albania (La Guajira), cuando los tres implicados en compañía de cuatro personas más habrían llegado a la finca donde se encontraba la víctima, Roger Francisco Duarte, secretario de Hacienda de la localidad y utilizando armas de fuego se lo llevaron hasta un sitio desconocido.
De acuerdo a la investigación, los captores exigían la suma de 1.000 millones de pesos por su liberación, a nombre de la organización denominada los Binacionales.
Así mismo se logró establecer, que mediante labores de inteligencia, entrevistas, reconocimientos fotográficos, escuchas, pruebas técnicas y de informática forense, se pudieron recoger todos los elementos materiales probatorios para la imputación.
La captura de los implicados estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional en los municipios de Sampués (Sucre) y Maicao (La Guajira).
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/DMNF/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
