A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un Juzgado Bacrim de Sincelejo cobijó con medida de aseguramiento en la cárcel de Montería (Córdoba) a Héctor Manuel Oviedo Mórelo, alias Osama o Rufino, por los delitos de concierto para delinquir agravado por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas.
El procesado es señalado de ser el máximo cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán, del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que opera en Sucre y Atlántico.
A pesar de que la defensa solicitó su libertad, el Juzgado aseguró que alias Osama es un peligro para la sociedad y que mientras se surten las diligencias en su contra debe estar en un centro de reclusión.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, esta organización opera en Sincelejo, Corozal, Sampués, Tolú, Coveñas y San Onofre, en Sucre. Así como en otros municipios del Atlántico, extorsionando desde el 2019 a pequeños comerciantes exigiéndoles pagos que oscilan entre $200 mil y $1 millón.
Durante las diligencias de registro y allanamiento que se llevaron a cabo en El Paso (Cesar), fueron capturados también Jesús Alberto Silgado Acosta y Cindy Paola Pérez Marchan, a quienes un fiscal especializado de la Seccional Sucre les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El juez promiscuo municipal de Chiriguaná (Cesar) avaló la solicitud de la Fiscalía y los cobijó con medida de aseguramiento intramuros en la cárcel de Valledupar (Cesar).
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JLH/AR/CFG
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
