Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cuatro presuntas integrantes del grupo de delincuencia común, Los Acosadores, el cual se dedicaría al delito de extorsión en Bucaramanga y los municipios del Área Metropolitana.
Se pudo establecer durante la investigación que esta banda estaría delinquiendo desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2023 y que habría dejado por lo menos 45 víctimas, obteniendo ganancias de alrededor de 700 millones de pesos.
El modus operandi era contactar mediante las redes sociales a las víctimas, en su mayoría hombres, quienes empezaban a sostener una supuesta relación con mujeres jóvenes que les empezaban a enviar fotos íntimas. Posteriormente eran contactados por los supuestos padres de las mujeres, diciendo que se trataba de menores de edad y que iban a ser denunciados ante las autoridades por pornografía infantil, comenzando a ser extorsionados a cambio de evitarse problemas legales.
Las víctimas comenzaban a recibir llamadas intimidatorias exigiéndoles millonarias sumas de dinero a cambio de evitar una denuncia penal y de no enviarles las fotos a sus familiares.
En operativo conjunto entre la Fiscalía y Policía Nacional se logró la captura de Mercedes Rodríguez, Laura Montealegre Charry, Xiomara Valentina Parra y Liliana Tijaro Martínez, quienes fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, extorsión agravada y extorsión en grado de tentativa de acuerdo a sus responsabilidades penales individuales.
Las hoy aseguradas no se allanaron a cargos.
La Fiscalía habla con resultados
DRA/VHGB/MRR/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
