Cabildos indígenas como el Inga de Santiago, Inga de San Andrés y Quillasinga de La Montaña, se beneficiarán con este espacio.

En la foto aparece un usuario siendo atendido por un servidor público dentro de las instalaciones de la administración municipal donde está ubicado el PAF.
Punto de Atención de Fiscalía (PAF) en Santiago (Putumayo), un espacio que beneficiará a más de 7.8000 habitantes de la zona.

Como parte del fortalecimiento del acceso a la justicia, entró en funcionamiento un nuevo Punto de Atención de Fiscalía (PAF) en Santiago (Putumayo). Un espacio que beneficiará a más de 7.8000 habitantes de la zona.

Este PAF está ubicado en el edificio de la alcaldía municipal de Santiago y busca acercar los servicios de la entidad a la ciudadanía. Además beneficiará a  cabildos indígenas que hacen presencia en el territorio como el Inga de Santiago, Inga de San Andrés y Quillasinga de La Montaña.

La apertura de este punto es el resultado del trabajo interinstitucional entre la Seccional Putumayo y la administración local. De esta manera, y por los próximos cuatro años, la ciudadanía podrá acudir al PAF para radicar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

Asimismo, podrán solicitar información básica de sus denuncias como el despacho fiscal al que le fue asignado, entre otros detalles.

El acto de inauguración contó con la presencia de la directora de Fiscalía en Putumayo, Nidya Carrillo Ortiz; el líder de apoyo a la gestión, Fredy Velásquez y el fiscal seccional de Alertas Tempranas, Edison Andrés Rojas.  Además, participaron las autoridades locales, integrantes de la Policía Nacional, entre otros.

WAGG/LMFO/AMCJ/NCO/DSP

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.