La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescente (UENNA), imputó a una mujer el delito de violencia intrafamiliar agravado. La determinación se relaciona con hechos ocurridos el pasado 6 de noviembre en una vivienda del barrio Sendero de Paz, en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).  

La investigación estableció que la procesada, al parecer, sometió a sus hijas de 8 y 3 años a un ciclo continuado de violencia física y psicológica. Al respecto, se determinó que las menores presentaban múltiples lesiones ocasionadas por golpes propinados con distintos objetos, situación que fue verificada por médicos de un centro hospitalario. 

También se evidenció que una de las infantes fue atada y dejada sola, por varias horas, en la vivienda. Los exámenes médicos practicados a las menores de edad evidenciaron su estado de desnutrición crónica severa, presumiblemente producido por la aparente falta de cuidado de su mamá, quien no les habría garantizado las condiciones mínimas de alimentación y protección. 

El trabajo conjunto entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, permitió la captura de la ahora procesada, el pasado 10 de febrero.  

En desarrollo de las audiencias concentradas, la procesada negó su responsabilidad frente al cargo en su contra. Por su parte, el juez del caso dispuso en su contra medida de aseguramiento en un centro carcelario. 

Las menores de edad se encuentran bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.  

JPP/MAGA/FACL/UENNA 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.