El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces de conocimiento condenaran a dos indígenas por las agresiones sexuales de las que fueron víctima dos menores de edad. Se trata de casos independientes.
Víctima en un parque
Rony Pérez Rodríguez fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el 1 de julio del 2018 el hombre abusó de una niña de 12 años. La agresión sucedió en el sector del parque Simón Bolívar del barrio La Plazuela de Puerto Carreño (Vichada).
Policías que pasaban por el lugar escucharon los gritos de una mujer y acudieron de su auxilio. Pese a que Pérez Rodríguez logró huir, fue capturado poco después por la policía. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se corroboraron las agresiones.
El juez de conocimiento libró orden de captura contra Pérez Rodríguez.
Mecánico agresor sexual
La fiscalía consiguió que un juez con función de conocimiento condenara a José Hermes Darapo Horopa a 10 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Estos hechos ocurrieron el 27 de octubre del 2016 en el municipio de Santa Rosalía (Vichada). Según la investigación Darapo Horopa llegó a la vivienda de un amigo, ubicada en el barrio El Centro, con la excusa de reparar un vehículo. En un descuido de los residentes el sentenciado ingresó a la casa y agredió sexualmente a la víctima, siendo sorprendido por el abuelo de la menor quien avisó a las autoridades.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el hombre había abusado de la menor en varias ocasiones.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
