En dos hechos diferentes, la Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres que presuntamente portaban armas de fuego y elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de defensa personal, en Guadalajara de Buga y Calima El Darién (Valle del Cauca).
En Calima El Darién, fueron judicializados a Juan Steban Calle Lara y Gustavo Adolfo Calle, como presuntos responsables de los delitos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Estas dos personas fueron capturadas en flagrancia, por uniformados de la Policía Nacional, en el barrio San Jorge. Los hoy imputados, al parecer, tenían en su poder pistolas, varios proveedores y munición de uso privativo y de defensa personal.
De otra parte, en Buga fue judicializado Leonardo Cuéllar Villegas, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Durante una diligencia de registro y allanamiento, realizada por la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, en una vivienda ubicada en el corregimiento El Vínculo, en zona rural de Buga, las autoridades hallaron un proveedor con 20 cartuchos, una barra de explosivo C-4, un pendón alusivo al frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc; así como seis celulares.
En ambos casos, jueces de control de garantías acogieron la solicitud de la Fiscalía, por lo que los tres presuntos implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
