La Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 personas, presuntamente involucradas en tráfico local de estupefacientes. Se trata de hechos independientes ocurridos en los municipios de Buga, La Unión y Tuluá (Valle del Cauca). Durante los procedimientos fueron incautadas diferentes cantidades de cocaína, marihuana y base de coca.
Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 28 de mayo en el municipio de La Unión donde fueron capturados en flagrancia Arley Yesid Rangel Torres, Carlos David Moreno, Santiago Rodríguez Giraldo, Jhojan Andrés Payán Marquinez y Óscar Mauricio Obando Estupiñán.
Según la investigación, uniformados de la Policía Nacional adelantaron diligencias de registro y allanamiento en el barrio San Pedro. Durante los procedimientos fueron incautadas distintas cantidades de marihuana y cocaína, una pistola, munición de diferente calibre y siete celulares.
En otra acción, cumplida en Tuluá, fue detenido Fabio Perlaza Guasiruma. Esta persona habría sido sorprendida comercializado narcóticos en la zona conocida como La Balastrera, donde las autoridades incautaron bolsas plásticas con cigarrillos de marihuana.
De otra parte, Sebastián Patiño Grisales, Rubén Darío Ospina Torres, Kevin Adrián Rodríguez Cárdenas, Jimmy Alexander González Ariza y Jhon Sebastián Majín Rivera fueron judicializados en Buga. Fiscales de la Seccional Valle del Cauca imputaron a los procesados, desde su participación individual, delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte Ilegal de armas de fuego.
Ninguno aceptó los cargos. Jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centros carcelarios.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
