En la fotografía aparece de espaldas a la cámara, con la cabeza inclinada hacia adelante, los brazos atrás y esposado Juan Carlos Salgado Sánchez. Viste con camisa de color blanco, mangas cortas y pantalón gris oscuro. En sus extremos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante hay una superficie de color verde oliva y sobre ella hay un letrero con el escudo de la Policía que dice: ‘Orden judicial’. En la parte posterior hay un pendón institucional de la  Policía.
Juan Carlos Salgado Sánchez.

Como Juan Carlos Salgado Sánchez fue identificado y judicializado por la Fiscalía General de la Nación, el presunto responsable de exigirle dinero a la propietaria de un restaurante a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia en Tuluá (Valle del Cauca).

Las labores de policía judicial, realizadas por el Grupo Gaula de la Policía Nacional, le permitieron a la Fiscalía establecer que Salgado Sánchez, el pasado 30 de septiembre, habría contactado a la víctima, vía telefónica, para exigirle, con amenazas la suma de 800.000 pesos.

Para intimidar a la afectada le indicaron que se trataba de una supuesta deuda por estupefacientes que había adquirido un hijo fallecido.

Personal del Gaula de la Policía, materializaron la orden de captura contra Salgado Sánchez, el pasado 10 de diciembre, en Sevilla (Valle del Cauca).

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no fue aceptado. Por disposición de un juez de control de garantías fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario. 

 

MAP/DSVC/AMCJ/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.