La Fiscalía General de la Nación presunto ante un juez con función de control de garantías a Esteban Valencia Marulanda, presuntamente implicado en extorsiones a un empleado de una reconocida empresa de giros, ubicada en Tuluá (Valle del Cauca).

En la fotografía aparece de pie y con los brazos atrás Esteban Valencia Marulanda. Viste con buso de sudadera blanco con estampado gris en amndas y torso; pantalonea gris con estampado negro tipo cebra. Usa cabello rapado. En sus extremos hay uniformados del Gaula de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una superfice verde y sobre ella se aprecia dinero en efectivo y un letrero que dice: ‘Dinero incautado’. En la parte posterior hay un pendón institucional de la Policía.
Esteban Valencia Marulanda.

Los hechos vendrían ocurriendo desde finales de octubre pasado cuando el ahora procesado le informó a la víctima sobre un supuesto giro de 4’500.000 pesos, hecho a su nombre. Esta afirmación fue rechazada por el presunto beneficiario del dinero. Ante esto, Valencia Marulanda habría incurrió en intimidaciones para recuperar la referida suma. Las extorsiones contra el empleado, se cree, llegaron a los 5’500.000.

Por estos hechos, uniformados del Gaula de la Policía Nacional capturaron en flagrancia al ahora procesado, el pasado 5 de noviembre en el barrio La Victoria del municipio vallecaucano.

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó al investigado los delitos de extorsión agravada y abuso de confianza. Por orden judicial, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en su domicilio.

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.