El material probatorio aportado por una fiscal especializada de la Seccional Sucre permitió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Andrés Correa Flórez, aparentemente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado.
Según la investigación, Correa Flórez participó como coautor en la retención en contra de su voluntad de tres trabajadores de una comercializadora de pescado, para presionar el pago de 15 millones de pesos por parte del propietario de un establecimiento. Ante la eventual negativa por parte de la víctima lo habrían amenazado con asesinar a las personas que mantenían cautivas.
Los hechos se presentaron el 15 de noviembre del 2023 en el municipio de San Antonio de Palmitos (Sucre). Al parecer, el procesado afirmaba hacer parte de un grupo armado ilegal, para presionar el pago de las extorsiones y habría sido quien recibió el dinero producto del acto ilícito.
La Fiscalía evidenció que las víctimas eran engañadas con falsos servicios para de esa manera buscar que las personas se desplazaran a determinados lugares donde eran retenidas, mientras se realizaban las exigencias económicas ilegales.
Búsquedas selectivas en bases de datos de entidades financieras, entrevistas y en sistemas de información, entre otras labores de policía judicial, permitieron recaudar los datos que fueron presentados durante las audiencias preliminares.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, capturaron el pasado 17 de abril a Correa Flórez, en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín (Antioquia).
VHGB/MAGA/SDDM/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
