Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías enviaron a la cárcel a dos hombres que estarían involucrados en asesinatos ocurridos, en hechos distintos, en Sincelejo y Santiago de Tolú (Sucre).

  • En un primer caso fue judicializado Wilmer de Jesús Carmona García, alias Pechi, quien al parecer, el 21 de marzo último, disparó contra un hombre que se encontraba estacionado en su motocicleta en una vía pública del barrio La Lucha de Sincelejo. Su captura se produjo mediante orden judicial por la Policía Nacional el pasado 24 de julio en esa ciudad.

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  • En otro caso, fue judicializado Luis Fernando Licona Martelo por hechos registrados el 3 de julio de 2023, en un establecimiento nocturno de Santiago de Tolú. Al sitio habría llegado el hoy implicado para disparar contra el hombre encargado de atender al público. La víctima fue auxiliada, pero murió cuando era trasladada hasta un centro asistencial. Su detención fue materializada por la Policía Nacional el pasado 30 de julio en esa población.
En la fotografía aparece un hombre alto de pie, delgado, con los brazos atrás, trigueño, cabellos negros, vestido con camisa manga corta de cuadros amarillos, gris y azul, bermuda beige y unos zapatos negros custodiado por uniformados del CTI y la Policía Nacional.
Luis Fernando Licona Martelo, procesado por un homicidio ocurrido en el municipio de Santiago de Tolú en el 2023.

Un fiscal Seccional de Sucre les imputó a los dos procesados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones Ninguno aceptó los cargos.

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Las medidas de aseguramiento se cumplirán en la cárcel La Vega de la capital de Sucre.

MEVA/AMCJ/ LYBT/MG/DSS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.