La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías del municipio de Sevilla (Valle del Cauca) a siete personas señaladas de comercializar, almacenar y conservar estupefacientes.

En la fotografía aparecen en hilera y con los brazos atrás. Entre ellos hay una mujer. Todos tienen la cabeza inclinada hacia adelante. En sus extremos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una mesa y sobre ella hay un letrero que dice: ‘Bazuco’. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Policía Nacional.
Estas personas, al parecer, comercializaban sustancias estupefacientes en el Parque La Concordia y el barrio San José de Sevilla (Valle del Cauca).

Se trata de los hermanos Héctor Fabio y Silvio Alexander Toro Navarro, Jhon Jaime Peña Tola, Frey Yovanny Gutiérrez Sánchez, Juan Camilo Henao Herrera, Luz Elena Salgado Ramírez y Juan David Tovar Salgado.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a los procesados como posibles responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Actividades que cumplirían en inmediaciones del Parque La Concordia y en el barrio San José de Sevilla.

En desarrollo de dos diligencias de registro y allanamiento cumplidas en inmuebles del municipio de Sevilla, el pasado 8 de octubre, la Policía Nacional capturó a los ahora procesados. Durante estas acciones fueron incautados estupefacientes que estarían listos para ser comercializados.

Los presuntos implicados deberán cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario de Cartago y Jamundí (Valle del Cauca).

MAP/DSVC/MAGA/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.