Un fiscal de la Unidad de Vida presentó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías asegurar en centro carcelario a Emanuel Otero Buelvas y Johan Johadis Ramírez Navas, presuntamente implicados en un homicidio ocurrido en la isla de San Andrés.

En la imagen están dos hombres jóvenes, morenos, cabellos cortos crespos negros, ambos vestidos con camisetas blancas. Se encuentran sentado en el interior de una oficia asistiendo virtualmente a la audiencia en la que se les procesó. 
A los procesados la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

La decisión judicial obedece a hechos registrados el pasado 24 de septiembre en el barrio Morrislanding del archipiélago. Según la investigación, los procesados se movilizaban en una motocicleta desde la cual, se cree, dispararon contra dos hermanos que transitaban por el lugar.

En el ataque falleció una de las víctimas, de 31 años. El otro, de 28, resultó herido y fue atendido oportunamente en un centro asistencial. Se cree que durante la huida los ahora investigados abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban, para apoderarse de otra que le habrían hurtado a una mujer.

Labores investigativas permitieron identificar a Otero Buelvas y Ramírez Navas como los supuestos responsables, quienes fueron capturados el pasado 10 de octubre por la Policía Nacional, en el barrio Morrislanding.

Los procesados, ambos de 18 años, fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Además de hurto calificado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

MEVA/MAGA/JR/TAM/DSSPS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.