Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que; de manera libre, voluntaria y asesorado por su abogada; Sebastián Rodas Segura, alias El Ardillo, admitiera su responsabilidad en cinco crímenes y tres intentos de homicidio, hechos ocurridos en Risaralda durante el 2023.
Un juez penal del circuito de Pereira avaló el preacuerdo suscrito por el ahora condenado con la Fiscalía General de la Nación. En tal sentido, impuso a Rodas Segura una pena de prisión de 45 años y 8 meses de cárcel, además de tener que pagar una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Rodas Segura fue encontrado responsable de delitos como: homicidios, homicidio en grado de tentativa; tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir. Todas las conductas agravadas.
Una de las muertes a las que se hace referencia ocurrió el 23 de enero del mencionado año, cuando ‘El Ardillo’ disparó contra un hombre de 27 años en el barrio Camilo Torres de Dosquebradas.
Otro hecho sucedió el 2 de febrero. Dos hombres de 20 y 23 años, respectivamente, además de un menor de edad, fueron obligados a abordar un vehículo y conducidos a una zona boscosa de la vereda Cedralito del municipio de Santa Rosa de Cabal. Allí ‘El Ardillo’ y dos personas más les quitaron la vida.
El 6 de febrero, otro hombre fue víctima de un atentado sicarial en el barrio San Diego del municipio de Dosquebradas. Finalmente, el 28 de febrero, un hombre de 20 años fue ultimado en el barrio Rocío Bajo de Pereira. Dos personas que se movilizaban en un vehículo de servicio público resultaron heridas.
Esta decisión quedó en firme.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
