Los hechos que motivaron las sentencias están relacionados con la muerte de dos perros y un caballo.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que dan cuenta de la responsabilidad de Jarol Alberto Cuellar Arias en la muerte de un husky siberiano, de nombre ‘Niño’, el 3 de septiembre de 2025, en un predio de Buenavista (Quindío).
En el curso de la investigación se conoció que el hombre disparó en varias ocasiones contra el perro en un hecho de intolerancia. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte a animal.
Canino falleció tras una golpiza
Un fiscal seccional, con el apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), obtuvo evidencias que implican a José Luis Miranda García en la agresión de un canino en vía pública del barrio Villacampestre, en Pijiño del Carmen (Magdalena), el 29 de julio de 2025.
Esta persona golpeó al perro con un palo y le propinó varias lesiones que le ocasionaron su deceso. Un juez penal de conocimiento declaró a Miranda García responsable del delito de muerte a animal agravado y lo condenó a 2 años de prisión.
Caballo murió por abandono
Edwin Oswaldo Zúñiga Nieva fue condenado a 1 año de prisión por el delito de maltrato animal agravado.
El sentenciado mantuvo en estado de abandono a un caballo durante un largo periodo en un callejón de Rozo (Valle del Cauca) lo cual terminó por ocasionarle la muerte, el 18 de enero de 2023. El equino fue encontrado por las autoridades agonizante, postrado en vía pública, con múltiples lesiones y baja condición corporal.
LYBT/JARG/JMT/GELMA/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
