La Fiscalía General de la Nación logró resolver cuatro homicidios y uno en grado de tentativa en hechos distintos, con la captura de tres hombres mediante orden judicial en un trabajo articulado entre investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional.
Uno de los judicializados es Hender Damián Claro Torres, quien, al parecer, participó en el homicidio de tres hombres ocurridos entre marzo y junio, reciente, en los barrios El Desierto y Carlos Ramírez París de Cúcuta (Norte de Santander).
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó a Claro Torres el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Asimismo, en otro caso un juez de control de garantías privó de la libertad en establecimiento carcelario a Jhon Alfredo Contreras, alias Corioto, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
Según las investigaciones, el procesado junto a otro hombre habría herido con arma blanca a la víctima causándole la muerte, luego lo decapitó. Los hechos sucedieron el pasado 27 de febrero, en el barrio Jerónimo Uribe de Cúcuta.
Por estos hechos fue enviado a la cárcel Lisne Manuel Trejo Navas, desde el pasado 3 de marzo.
Por el delito de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa fue imputado Yender Suarez Carreño por la Fiscalía General de la Nación. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando el procesado, al parecer, hirió con rama cortopunzante a una mujer en medio de un hurto.
En audiencias concentradas, jueces de control de garantías los enviaron a la cárcel.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/MG/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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