Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Montería (Córdoba) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre, presuntamente implicado en delitos de feminicidio agravado, falsedad personal y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En la imagen aparece una persona de jean y chaqueta negra, entre dos uniformados del CTI.
El imputado fue capturado en Moniquirá (Boyacá), a donde huyó luego de presuntamente cometer el crimen.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2021 cuando, se cree, el procesado acordó una reunión con su expareja en el sector del Morro. Durante el encuentro se habría presentado una discusión en la que el señalado agresor lesionó a la mujer con un objeto cortopunzante causando su muerte.

Labores de policía judicial evidencian que las dos personas no convivían desde hacía más de un año. También se determinó que durante el tiempo de convivencia la mujer era sometida a agresiones sexuales, amenazas, maltratos físicos, psicológicos y verbales, muchos de estos episodios, al parecer, sucedían frente a sus hijos de 9, 11 y 15 años.

Testimonios recaudados por la Fiscalía dan cuenta de que vieron al hombre salir con una pala y un balde hacia un sector donde fue encontrado el cuerpo.

Por estos hechos, el 21 de agosto último, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al procesado en Moniquirá (Boyacá).

En desarrollo de las audiencias preliminares el hombre negó su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra. Por su parte, el juez del caso le impuso medida de aseguramiento intramural.

VHGB/MAGA/FAEP/DSC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.