Luego de 6 horas de diligencia, el Juzgado 2° Penal Municipal Ambulante, con función de control de garantías de Villavicencio (Meta), suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía en contra de 8 personas, entre funcionarios y ex funcionarios públicos de la Gobernación del Meta, por hechos ocurridos en 2013.
Al parecer, los indiciados habrían incurrido en irregularidades luego de la firma de un convenio entre la Gobernación del Meta y la Corporación Red País Rural, cuyo objeto era fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el departamento para los sistemas productivos de café, lácteos, cacao, frutales, caña panelera y banco de maquinaria, por un valor total de $5 411 766 000, el cual debía ejecutarse en un término de 24 meses y 15 días; sin embargo no se cumplió y sí se hizo un desembolso inicial de 405 millones de pesos.
Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía endilgó a los imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía pidió se les otorgue medida preventiva de detención domiciliaria para evitar que desempeñen cargos públicos, señalando que si bien ninguno de los investigados tiene antecedentes, si considera un hecho de mayor punibilidad la posición que tenían por sus cargos.
Los investigados son Vladimir Sierra Martínez, actual secretario Jurídico de la Gobernación del Meta, quien para la fecha era el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de la Administración Seccional; Hernando Martínez Aguilera, secretario de Planeación del Gobierno Seccional y hoy secretario de Víctimas, Derechos Humanos y Paz de la Gobernación del Meta; Daniel Santiago Salazar Uribe, exsecretario de Desarrollo Agroeconómico; Francy Nayibe Umaña Ruíz, exgerente de Tesorería de la Gobernación.
También John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio y gerente de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación; Carlos Emilio Romero Gómez, ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta; Carlos Humberto Osorio Monroy, quien para la fecha era secretario privado de la Administración Seccional, y Luz Estela Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta, hoy asesora de la Unidad Nacional de Víctimas.
A las diligencias no se presentó Fredy Vargas Ramírez, contratista y representante legal de la Corporación Red País Rural.
Ante la intervención de 8 abogados de la defensa, incluido uno de los investigados que asumió esta labor sobre sí mismo, el juzgado decidió suspender la audiencia de solicitud de medida y fijó el 16 de marzo para proferir la decisión, a partir de las 8:15 am.
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